Una selección de notas que escribí para el diario EL SUR y que fueron publicadas antes de agosto de 2005.

Saturday, September 24, 2005

Hoyos en las calles vuelven a estar en polémica

Nueva ley quita responsabilidad al Serviu

·Algunos alcaldes discrepan de nueva ley que asignó pavimentos de aceras y calzadas a los gobiernos regionales.
·El Serviu desde hace tres años que no dispone de recursos para reparar las calles, reconoce el seremi de Vivienda y Urbanismo.

Por Nello Rolleri Veloso

Grietas en la Alameda. Las noticias de pequeñas imperfecciones en la carpeta de rodado de la avenida Bernardo O`Higgins en Santiago, cuyas imágenes han difundido extensamente los noticieros de televisión en los últimos días, han sido un verdadero chiste para la otra mitad de los chilenos, que no viven en la Región Metropolitana, y que a diario deben lidiar con verdaderos cráteres y socavones en las calles de sus comunas de regiones.
En el Gran Concepción basta con transitar por las vías principales de Talcahuano, Penco y Coronel, para comprobar el pésimo estado de pavimentos que han cumplido hace años su vida útil, sin contar los miles de kilómetros de calles de tierra, que nunca han tenido un mejoramiento.
En el caso del centro de Concepción se suma, además, el viejo problema del mal estado de las veredas, que son usadas por cientos de miles de personas que llegan desde toda la región. Las caídas, tropiezos y accidentes de peatones han significado juicios y millonarias indemnizaciones para el municipio, sin que hasta ahora se avance sustantivamente en mejorar el problema.
La situación que se produce todos los años después de las lluvias, en que los alcaldes reclaman por los hoyos que se forman después de las inundaciones, tampoco era algo nuevo, hasta que el senador DC Hosain Sabag Castillo advirtió la semana pasada que la nueva ley 20.035, que modifica la ley 19.175, sobre Gobiernos Regionales, significa un cambio en el tema.
Sabag exclamó que "¡está bueno que los alcaldes se dejen de quejar del problema de los hoyos!" y los emplazó a asumir su responsabilidad.

Serviu ya no financiará

Lo que establece la nueva ley es una nueva obligación para los gobiernos regionales, mediante la incorporación en el artículo 16 de la letra J, que establece que les corresponderá "construir, reponer, conservar y administrar en las áreas urbanas las obras de pavimentación de aceras y calzadas, con cargo a los fondos que al efecto les asigne la Ley de Presupuestos. Para el cumplimiento de esta función, el gobierno regional podrá celebrar convenios con las municipalidades y con otros organismos del Estado".
Para explicar esto, el senador Hosain Sabag señaló que el Serviu pasará a cumplir una función similar a la que cumple la Dirección de Arquitectura del MOP, que elabora y revisa los proyectos, pero que no los ejecuta directamente.
Sabag lamentó que los alcaldes no asuman esta responsabilidad de mantener en buen estado las aceras y calzadas, porque aseguró deben disponer de parte del presupuesto municipal para financiar los estudios o directamente las obras.
El senador también apeló a la necesidad de gestionar los recursos y opinó que parte del trabajo de los alcaldes debe ser aunar los esfuerzos del sector público y privado para encontrar el financiamiento a este tipo de obras, que benefician a todos.

El Serviu

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Aldo Ramaciotti Fracchia, explica que hace tres años que el Serviu no disponía de recursos en la Región del Biobío para mantención o mejoramiento de pavimentos, de lo que se denomina la "vialidad intermedia".
Por esta razón, opinó, lo que la nueva ley hace es consagrar lo que en la práctica ya estaba realizando el gobierno, es decir, canalizar estos recursos en forma descentralizada a través de los gobiernos regionales.
El Serviu, señaló, mantendrá su función como organismo técnico cuando así lo requieran los municipios o gobiernos regionales. Además mantendrá sus programas tradicionales como los pavimentos participativos, que este año invertirán 6 mil millones en la región.

Biovías

La mayor inversión en pavimentos urbanos en el Gran Concepción, curiosamente, no la está realizando en la actualidad ni el Serviu ni el gobierno regional ni los municipios, sino una filial de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, que es el programa Biovías.
En efecto, Biovías esta mejorando dos ejes principales de Concepción: Paicaví y el par vial Prat-Padre Hurtado. Además en San Pedro de la Paz el eje Pedro Aguirre Cerda y en Chiguayante el eje Manuel Rodríguez.
Estos proyectos significan varias decenas de kilómetros de calzadas y aceras peatonales, que la ciudad debería haber esperado muchos años para ejecutarlos como mejoramientos individuales.

Alcaldes dicen que lo importante es que se asignen los recursos

·En el Gran Concepción, sin distinción política, todos los jefes comunales coinciden en que el problema es grave y requiere más financiamiento del Estado.

Los alcaldes del Gran Concepción coinciden en que, sin perjuicio de quien asume la responsabilidad, si el Serviu o los gobiernos regionales, el problema de deterioro de los pavimentos urbanos es grave y requiere con urgencia un mayor financiamiento del Estado.
La alcaldesa Jacqueline van Rysselberghe indica que la modificación legal requiere todavía un decreto para que el Serviu se desligue de esta responsabilidad, por lo que espera que "no se laven las manos todavía". Sin embargo, opinó que el problema de fondo son los muy escasos recursos que se les asignan, ya sea directamente a los municipios o a los gobiernos regionales, para la mantención de pavimentos de toda la ciudad.
En el caso de Concepción, indicó que es muy bueno lo que se está haciendo con Prat y Paicaví, sin embargo, advirtió que hay muchas otras calles en un estado calamitoso. Por ello, señaló que se dedicará a elaborar proyectos para repavimentar calles como O`Higgins, Lautaro, Ongolmo, Maipú y Freire, "para que, por lo menos, no digan que no nos dan recursos porque no hay proyectos".
En Chiguayante el alcalde Tomás Solís opinó que es bueno el cambio legal, pero preferiría una mayor descentralización, es decir, que los recursos se asignaran directamente a los municipios, que aseguró, son los que mejor conocen las necesidades de la comunidad local.
En Hualpén el alcalde Marcelo Rivera valoró la reciente asignación de $ 977 millones que hizo el gobierno regional para pavimentar cinco calles de la nueva comuna. También aplaudió que sea el gobierno regional el que asuma esa responsabilidad, porque está más cerca de las comunas.
En Penco el alcalde Guillermo Cáceres coincidió en que el punto principal es que el Ejecutivo asigne los recursos para pavimentos urbanos, porque indicó que las demandas de la comunidad son muy numerosas. En su comuna, agregó, el deterioro es más grave por el intenso flujo de camiones por el centro.

"Gobierno hace esfuerzos importantes"

Raúl Súnico Galdámez, jefe de la Unidad de Control del Gobierno Regional, opina que en este tema, "al igual que en toda actividad humana, las necesidades son siempre mayores que los recursos disponibles", por lo que siempre habrá más hoyos que tapar en las calles que dineros públicos para repararlos.
Explica que este año el Gobierno Regional recibió una provisión de recursos por $1.700 millones para pavimentos, sin embargo, decidió realizar una reasignación de otros ítem y aumentar este monto a $6.389 millones para diversos proyectos urbanos que fueron dados a conocer la semana pasada.
Súnico aseguró que todos los proyectos con recomendación técnica que presenten las municipalidades van a ser aprobados y se les asignarán los recursos, sin embargo, advirtió que no es posible pensar en resolver todos los problemas de la ciudad en un corto plazo.
También opinó que con la modificación legal que margina al Serviu de esta función, lo razonable es que los municipios y los gobiernos regionales asuman en forma compartida esta responsabilidad.
El cambio, señaló, está dentro de la política de regionalización y descentralización que ha impulsado el gobierno del Presidente Lagos, lo que significa entregarles más facultades a los gobiernos regionales, que están más cerca de las comunidades directamente afectadas.

*21 de julio de 2005.

"Con el proyecto central Ralco todos aprendimos"

Entrevista a Wilfredo Jara Tirapegui

·El gerente de medio ambiente y desarrollo sostenible de Endesa Chile entrega pistas del futuro en materia de generación eléctrica, con fuentes alternativas.

Por Nello Rolleri Veloso

Si no fuera por la central Ralco hoy el país estaría en serios aprietos para mantenerse sin apagones o racionamiento. Hace justo un año el proyecto entró en etapa de pruebas y fue inaugurado el 27 de septiembre de 2004 en el Alto Biobío, en una ceremonia en que estuvo ausente el Presidente de la República, Ricardo Lagos.
La central, de 690 MW de potencia instalada, costó 570 millones de dólares. Parte importante de esos recursos fueron destinados a relocalizar a 93 familias pehuenches, además de los planes de mitigación y compensación de los impactos ambientales.
Hoy, como lo denunció el ex presidente Eduardo Frei Ruiz- Tagle, es la primera vez en los últimos 40 años en que no hay ninguna central hidroeléctrica en construcción en Chile. Se trata de un tema preocupante, si se considera las dificultades que ha sufrido el abastecimiento con gas natural desde Argentina.
Endesa Chile, sin embargo, se ha movido con cautela y hoy el único proyecto hidroeléctrico nuevo es la mini-central Palmucho, que se ubicará entre Pangue y Ralco, en el Alto Biobío.
El gerente de medio ambiente y desarrollo sostenible de Endesa Chile, Wilfredo Jara Tirapegui, estuvo en la U. de Concepción explicando el tema de los bonos de carbono, en el marco del Protocolo de Kioto.
También se refirió a la nueva empresa filial, "Endesa Eco", cuya creación fue anunciada en Coronel a EL SUR por el gerente general de Endesa, el español Héctor López Vilaseco. Esta empresa se encargará de concretar aquello que los detractores de Ralco propiciaban: fuentes alternativas, más amigables con el medio ambiente, como la energía eólica, mini-hidráulica, biomasa, geotérmica y mareomotriz.

La apuesta es por energías renovables

Con Endesa Eco, en etapa de plena organización, la principal empresa eléctrica del país separa sus proyectos, entre aquellos tradicionales, como Neltume o San Isidro II, "apostando por el tema de las energías renovables no convencionales, y me refiero a las mini-hidro, a las eólicas, a la geotermia, a la biomasa, a la solar, la mareomotriz y a todo lo que podrá entrar en este campo. La idea es que esta empresa fomente y desarrolle esas energías en el país y sirva de trampolín en su operación en este mismo campo hacia Sudamérica", expresa Jara.
Este ingeniero civil mecánico explica que Endesa Eco tiene identificada la mini-central Palmucho en el Alto Biobío y otra de 9 MW en la Séptima Región.
"Estamos en etapa de contactos de organizaciones, privados y tecnólogos, haciendo hincapié del interés que tenemos. Si pudieramos en el mediano plazo materializar un proyecto eólico sería muy bienvenido", expresó.
-¿Es posible pensar en replicar la experiencia eólica de Aysén en mayor escala?.
-Claro. Lo que pasa es que como Endesa tenemos muy bien nuestro mapa hidráulico, prospectamos las cuencas, pero no tenemos nada propio en el eólico, dependemos de un socio estratégico, que lo estamos buscando. Porque hay mucho de academia en este momento, pero necesitamos cosas más concretas. Una segunda vertiente en este campo va a ser contratando una consultora o haciendo una alianza estratégica con alguna universidad de explorar el tema eólico en cuencas o en lugares de nuestro interés.
-¿Endesa recogió las demandas de los ecologistas en el caso Ralco con Endesa Eco? -Con el proyecto Ralco todos aprendimos, nosotros como autores del proyecto, la autoridad; aprendieron todos los grupos de interés del país.
Esto se enmarca en nuestra política de desarrollo sostenible de la empresa, siempre hemos dicho que debemos pasar del discurso a la práctica. Antes de 2000 en materia de sustantabilidad ambiental no teníamos nada, después comenzaron a implementarse los temas de gestión ambiental, despues nos sometimos a evaluaciones internacionales, es decir, hemos ido avanzando y consolidando en estos temas, y llegó el momento en que había que definirse por esto.
-¿Solucionarán el crecimiento de la demanda estos proyectos alternativos? -Yo creo que estas centrales pequeñas no van a superar un problema energético de un país como Chile. Hay que ser claros... sobre todo en el corto y mediano plazo, pero es una ayuda tremendamente importante para ir equilibrando la matriz energética, eso es lo que no hay que perder de vista.

“Ley corta”

Wilfredo Jara explica que Endesa Eco surge porque "estaban dadas las condiciones, porque habían señales concretas de la autoridad.
En primer lugar vimos en la Ley Corta 1, que aparece la sección del peaje para las centrales de 20 MW en forma escalonada, que con menos de 9 MW exención total del peaje, que ya es una señal clara, de un beneficio a este tipo de energía". "Recientemente vimos la publicación de la ley corta 2 -añade- que si bien todavía no ha salido el reglamento, aparece el incentivo a las energías renovables no convencionales, en que las empresas distribuidoras podrán contratar hasta el 5% de su demanda a estas empresas, lo cual es un elemento importante para este tipo de plantas, que antes no se podía hacer".
Destaca que "hoy ninguna distribuidora se puede negar a que uno la contrate, el problema es que todavía no concemos los precios, pero se están dando señales concretas. Esperamos que para llegar a los niveles de los países donde está consolidado este tema faltarían algunos otros incentivos. Es cosa de ver como opera en Alemania, Francia y España".

*17 de julio de 2005.

El primer proyecto de casino mostró sus cartas

Hay siete iniciativas para Gran Concepción

·La sociedad formada por Lotería de la U. de Concepción y la familia Martínez (casino Viña del Mar) formalizaron su propuesta.
·Proyecto de US$ 60 millones se localizaría en la comuna de Hualpén, en un predio ubicado entre las avenidas Costanera y Alessandri.

Por Nello Rolleri Veloso.

El primero de los siete proyectos de casinos que compiten por instalarse en el Gran Concepción mostró ayer sus cartas al formalizar su propuesta ante la Superintendencia de Casinos en Santiago.
Se trata del proyecto “Enjoy Concepción”, formado por la asociación entre la Universidad de Concepción a través de Lotería y la familia Martínez, la principal operadora de casinos de Chile, incluyendo los casinos de Viña del Mar, Pucón y Puerto Varas.
La presentación se realizó ayer en las oficinas de Lotería por parte del gerente general de esa empresa, Mariano Campos Ramírez, y el director de desarrollo de Enjoy, Javier Martínez Seguí.
La propuesta considera un casino de 38 mil metros cuadrados (más grande que el Casino de Viña del Mar, que tiene 30 mil m2), además de una torre de 22 pisos que albergará un hotel categoría cinco estrellas y 116 habitaciones, cuyo diseño fue encargado al Estudio Larraín.
Martínez destacó que se tratará de un “edificio hito, con un diseño original y único, que quiere dar cuenta de una nueva ciudad en desarrollo, abierta al futuro y a las nuevas tecnologías, al comercio y al progreso, y que quiere rescatar su relación con el entorno”.
Este proyecto se ubicaría en la comuna de Hualpén, cuyo municipio recibiría como impuesto el 10% de los ingresos del casino, mientras otro 10% se iría al Gobierno Regional. Se emplaza en un predio ubicado entre las avenidas Costanera y Alessandri, en el sector de la Laguna Price, a pocos metros de la Vega Monumental.
La inversión total, financiada en partes iguales por Lotería y la familia Martínez, bordearía los 60 millones de dólares.
También se destacó su impacto en el empleo, ya que el complejo turístico generaría cerca de 800 puestos directos, en su mayoría destinados a jóvenes en el área de servicios.

UdeC creará un nuevo CFT, museo, teatro y pinacoteca


Javier Martínez reiteró ayer que el principal “plus” del proyecto Enjoy lo dará la U. de Concepción, que dispondrá de los recursos para impulsar varios proyectos culturales, que durante años estuvieron postergados.
El primero es la creación de un nuevo centro de formación técnica (CFT) o instituto profesional destinado específicamente a la capacitación de unos 1.500 jóvenes para el sector turismo, los cuales podrán acceder a los puestos de trabajo del casino.
Sobre este punto el gerente de Lotería manifestó su entusiasmo porque el proyecto se transforme en un polo de desarrollo turístico, que permita aumentar los empleos del sector, en un área que está poco desarrollada en el Gran Concepción.
Además, Enjoy pretende desarrollar un museo que albergue las colecciones botánicas, zoológicas, mineralógicas, paleontológicas y antropológicas que están en las bodegas de la UdeC.
También el arte tendrá un espacio en cuatro salones de exposiciones, que permitirán mostrar aquí obras de la Casa del Arte.
Finalmente el complejo albergará un centro de espectáculos, con 500 butacas de capacidad, en el cual se podrán montar shows musicales, obras de teatro, danza y otras manifestaciones artísticas.

US$ 80 millones a comuna

El “premio” que recibirá la comuna que reciba el proyecto de casino será muy importante.
Javier Martínez calculó que en los 15 años de concesión deberían generarse el pago por el 20% de los ingresos cercanos a los 165 millones de dólares, de los cuales la mitad quedaría para el municipio y la otra para el gobierno regional.
Por ello que municipios pobres como Hualpén, Pinto (Termas de Chillán) o Cabrero (Salto del Laja) dispondrían de recursos que actualmente sólo están en los sueños de sus alcaldes.
Por esta razón es que las comunas más grandes, como Concepción, Talcahuano, Los Angeles, San Pedro de la Paz, tampoco han bajado los brazos y están a la espera que uno de los anuncios resulte un verdadero “tapado”, que gane la competencia.
El proceso, sin embargo, como se encargó de enfatizarlo el intendente Jaime Tohá, será absolutamente objetivo y transparente, con criterios muy estrictos establecidos por la Ley de Casinos, que le dio facultades extraordinarias a la Superintendencia para investigar la procedencia de los recursos que se inviertan, de modo de impedir delitos como el lavado de dinero.
Los resultados de esta competencia, sin embargo, no se conocerán sino hasta mediados del año 2006, cuando ya haya asumido el próximo gobierno.

Españoles siguen adelante

Un segundo proyecto para el Gran Concepción que entregó información ayer fue el formado por la sociedad entre Ferbio y los españoles de Cirsa, cuyo director Helios Navarro Cruz se reunió con el presidente de la corporación Ferbio, Pedro Díaz López.
Navarro expresó que los primeros días de la próxima semana formalizarán su proyecto ante la Superintendencia, por lo que se excusó de dar a conocer la maqueta de su propuesta, que también se ubicará en la comuna de Hualpén, a un costado del centro de eventos SurActivo.
Este proyecto se desarrollará en un terreno de 2,1 hectáreas, con una inversión cercana a los 50 millones de dólares. Incluirá un hotel de cuatro estrellas de la cadena Radisson, además de un gimnasio de la cadena Balthus.
El concepto principal de este proyecto de casino es reforzar el turismo de convenciones y negocios que se desarrolla en SurActivo. Prevén que los empleos alcanzarán a los 800 puestos.
El grupo hispano Cirsa está postulando a siete ubicaciones en Chile, de los cuales se aseguró que el proyecto para el Gran Concepción es el más importante.
Helios Navarro aseguró que se sienten “cómodos” con las reglas que ha establecido la Superintendencia de Casinos de Juegos, por lo que esperan que los permisos sean otorgados efectivamente a los mejores proyectos.

Plazo: 4 de agosto

El próximo jueves 4 de agosto vence el plazo para que los interesados formalicen sus proyectos ante la Superintendencia de Casinos de Juegos. En la Región del Biobío se presentaron diez anuncios, que son los siguientes:
En la comuna de Concepción son tres: Thunderbird Concepción S.A., Hamburg Holding Concepción S.A., y Casino Borde Río de Concepción S.A. En San Pedro de la Paz uno: Gran Casino de San Pedro de la Paz S.A. En Hualpén dos: Operaciones Casino del Sur S.A. (Enjoy) y Cirsa Casino del Bío Bío S.A. En Talcahuano uno: Marina del Sol S.A.
En Pinto: Casino Termas de Chillán S.A. En Los Angeles: Casino Gran Los Angeles S.A. y en Cabrero: Casino de Juegos del Salto del Laja S.A.
La ley de casinos establece que podrán otorgarse un máximo de tres permisos por región (excepto la Metropolitana). Añade que los casinos deben estar separados por un mínimo de 70 kilómetros viales, eso significa, que de los siete proyectos para el Gran Concepción sólo puede ser seleccionado uno.

*28 de julio de 2005.

"Consumidores debemos reclamar más"

Presidente de Odecu en Concepción

·La pasividad ante los cobros abusivos de las grandes empresas es algo que debe terminar, opina Stefan Larenas.

·Dice que hay varios factores que perjudican al consumidor, pero lo que es peor es que en algunos temas ni siquiera se cumple lo que dice la ley.


Por Nello Rolleri Veloso.

En Estados Unidos y Europa son temidas y respetadas. En Chile, son prácticamente desconocidas. Se trata de la agrupaciones de consumidores, que representan a los ciudadanos en su papel de compradores de bienes y servicios, para defender sus derechos en forma colectiva.
En nuestro país existe la Organización de Usuarios y Consumidores (Odecu), cuyo director es Stefan Larenas Riobó, quien estuvo en Concepción, donde participó en una actividad organizada por la Conama.
Para Stefan Larenas es indispensable que la gente tome conciencia de su propia importancia para las grandes empresas, ya que su conducta de consumo es la que significa que algunos negocios prosperen, mientras otros simplemente desaparecen.
Opina que en nuestro país el tema todavía está en pañales, aunque advierte una mayor conciencia de los jóvenes. Consultado por las mayores deficiencias para los consumidores, indica que los grandes problemas son básicamente dos: agua y teléfonos.
En el primero señala que lo más grave es la poca transparencia respecto a cómo se fijan los cobros de agua, el por qué en algunas ciudades el agua es mucho más cara que en otras, y la justificación de los cobros por "tratamiento de aguas servidas".
Larenas señala que nadie puede desconocer que las empresas sanitarias deben recuperar su inversión, la pregunta qué se hace es ¿cuántas veces se deberá pagar la planta de tratamiento?.
En el tema telefonía indica que la situación es peor, ya que la Subsecretaría de Telecomunciaciones mantiene una nula relación con la Odecu. Afirma que nadie les entrega una explicación por las miles de denuncias de cobros abusivos, llamadas "brujas" o "pinchazos" a líneas de teléfonos.
Lo que es peor, afirma, es que ni siquiera se cumple lo que dice la ley. Menciona el caso de la obligatoriedad de instalar "medidores" del consumo telefónico, lo que hasta ahora no ocurre.

La nueva ley es más eficiente

El director regional del Sernac, José Luis Guarderas, reconoce que la mayor parte de la gente que acude hasta las oficinas de la entidad, ubicadas en Concepción en la galería Alessandri, lo hace para reclamar por cobros que estima abusivos en las cuentas de servicios básicos y de las casas comerciales o bancos.
Añade que para este tema la nueva Ley del Consumidor, promulgada a principios de año, otorga más garantías a la población, ya que se eliminó la "letra chica" y debe existir más transparencia respecto a estos contratos.
En forma adicional, la nueva ley permitirá que un fallo judicial tenga aplicación para todos los usuarios que se encuentren en la misma situación, lo que significa una fuerte advertencia para las grandes empresas de servicios.
Guarderas señala que todavía el Sernac no ha iniciado ninguna acción judicial en el país con estas características, sin embargo, hay varios casos en estudio por parte del departamento jurídico de la entidad.
En particular, respecto a los cobros de servicios sanitarios, señaló que existe una política de país destinada a tratar las aguas servidas, lo que tiene gran importancia para nuestro sector exportador, especiamente de alimentos.
Reconoció que existe mucha gente que el cobro por "tratamiento de aguas servidas" le puede resultar una gran incógnita, sin embargo, señaló que es necesario que la población tome conciencia de las millonarias inversiones que se han realizado en la zona en este ámbito.
En materia de cobros telefónicos, indicó que los usuarios al momento de contratar pueden escoger si aceptarán o no que sus aparatos puedan realizar llamadas a números con cobro adicional, como los números 600 ó 700. Por esta razón, apeló a la responsabilidad de los jefes de hogar para controlar el mal uso de sus teléfonos.

*27 de agosto de 2004.

Sanitarias enfrentan aguas agitadas

·Una inédita multa de mil millones de pesos, más la amenaza de caducar la concesión, remecen a empresa sanitaria local.

·Situación entrega argumentos a quienes se oponían a privatización, porque aumentarían tarifas y no se mejoraría el servicio.

Por Nello Rolleri Veloso.

Una agitada semana enfrentan las empresas sanitarias en Chile, luego que el propio Presidente de la República hiciera pública su molestia con los inversionistas españoles de Aguas Andinas por las fallas en la planta de tratamiento de aguas servidas de La Farfana, y que la segunda compañía, Essbío, de capitales británicos, fuera multada con la inédita suma de mil 23 millones de pesos, por incumplimiento de sus compromisos de inversión.
Las malas relaciones de Essbío con la autoridad no son nuevas. Muestra de ello es que la principal planta de tratamientos de aguas servidas de la Octava Región, ubicada cerca de la desembocadura del río Biobío, en el sector industrial de Talcahuano, que costó 45 millones de dólares, nunca ha sido inaugurada oficialmente, aunque comenzó a operar a fines del año pasado.
Esta semana Essbío nombró a un nuevo presidente, Edmundo Dupré Echeverría, quien había sido vicepresidente de Esval, y para los próximos días se esperan nuevos cambios, lo que incluiría a seis altos ejecutivos.
En la empresa ayer se mantuvo el hermetismo, por razones de "política interna", aunque no se oculta la sorpresa por la millonaria sanción recibida. Su reacción pública fue la publicación de un aviso en que destaca las inversiones que ya ha realizado: siete plantas de agua potable; 13 nuevas plantas de tratamiento de aguas servidas; 120 kilómetros de nuevas redes de agua potable y alcantarillado; 61 sistemas y estanques; además de la remodelación de siete oficinas y habilitación de dos oficinas móviles.
Reconocen que "aún queda trabajo por hacer", para lo cual tienen obras en etapa de desarrollo como nuevas plantas de tratamiento de aguas servidas para Arauco, San Carlos, Mulchén, Nacimiento, Yumbel, Coihueco, Bulnes y Curanilahue. Además de nuevas plantas de agua potable para Lota y Mulchén.
Entre las que "seguiremos haciendo" en el futuro, mencionan los sistemas de tratamiento de aguas servidas para San Pedro de la Paz, Florida, Coronel Norte, Coronel Sur, Carampangue, Coelemu, Dichato, Lebu y San Pedro de la Paz.

Voces contra privatización

La privatización de Essbío, que se adjudicó el 2000 la británica Thames Water, la realizó el gobierno pese a los fuertes cuestionamientos que se realizaron en la región a ese proceso, que entre otros lideró Edgardo Condeza Vaccaro. Ahora, cuatro años después, Condeza indica que la realidad le dio la razón a sus críticas, porque los privados no han sido capaces de cumplir con todas las obras a que se comprometieron, sin embargo, han subido las tarifas y el servicio no ha tenido mejoras significativas. También el diputado Alejandro Navarro ha planteado que, al igual que en el caso Aguas Andinas, los usuarios regionales tampoco estarían obligados a pagar por tratatamientos de aguas servidas no realizados.

*27 de octubre de 2004.

Puente Loncomilla: el colapso que remeció al MOP


El bochorno del año 2004
·Comunidad del Maule todavía sufre los efectos de la
carencia de un viaducto que da continuidad a la ruta entre San Javier y
Constitución.
·Ministro Etcheberry asegura que están realizando los
mayores esfuerzos para mantener la continuidad de la ruta.


Por Nello Rolleri Veloso.

El sol cae implacable sobre San Javier. La temperatura
supera los 30 grados, cuando apenas comienza el verano. El puente Loncomilla
"nuevo" está destrozado sobre el río, quebrado en varios trozos, con grandes
vigas de acero dobladas, y parece que un terromoto hubiese azotado esta
parte de la Región del Maule.
Doña María Rosa, sin embargo, ya no mira el puente. Lo que
le preocupa es espantar la moscas y ofrecer su mote con huesillos "heladito"
a los sudorosos pasajeros que deben cruzar a pie el puente Loncomilla
"viejo", mientras hacen trasbordo de buses que los dejan en una orilla y los
esperan en otra.
Explica que en la zona no hay trabajo: "está muy mala la
cosa y ahora sin el puente, peor". Dice que han venido varios ministros a
verlo y hasta el diputado Pablo Lorenzini, ese que le echó la culpa al
ministro Etcheberry, pero el problema sigue igual.
Por mientras, ella se ha instalado en una de las orillas
con algunos cajones y quitasoles y ofrece además del mote con huesillos, pan
amasado y empanadas.
Una de las que cruza el puente viejo, de 300 metros de
largo, es Irma Uribe, que lo hace acompañada de su amiga Zunilda González.
Mientras se seca el sudor de la frente afirma que "esto es un suplicio",
porque a diario debe viajar desde Niribilo hasta San Javier y Talca, para
mantener su negocio. Sin embargo, por la muleta que debe utilizar y ahora
por el puente cortado, cada día se le hace un trayecto más difícil.
Le pregunto por qué los buses que hacen el recorrido
Constitución-San Javier no utilizan la balsa o el puente mecano que está a
9,5 kilómetros aguas abajo. Me explica que los choferes dicen que pierden
mucho tiempo en esos cruces, por lo que prefieren utilizar el sistema de
trasbordos.
Doña Irma añade que, pese a ello, un viaje que antes
realizaban en 30 minutos, ahora se demora una hora o más. Pero dice que "hay
que resignarse, no más", porque construir un nuevo puente tardará por lo
menos un año, "tal vez el 2006 estará listo, pero eso no se sabe".

Diseño tenía cuatro bases pero se redujeron a dos

En su informe a la Cámara de Diputados el ministro Javier
Etcheberry señala que el puente sobre el río Loncomilla se adjudicó el año
1994 a la empresa "Pawyc" -propiedad del conocido empresario penquista y
dirigente de la DC, Ricardo Yaconi Pieger- por un monto de 619 millones de
pesos, lo que era inferior al presupuesto estimado por el ministerio, de 635
millones de pesos.
El diseño original del MOP contemplaba que el puente de
300 metros de largo tendría cuatro bases de hormigón, sin embargo, Pawyc
propone construir sólo dos bases, además de dos "tornapuntas" o estructuras
triangulares de soporte, para abaratar los costos, lo que fue aceptado por
el ministerio, según su reglamentación interna.
Consultado Yaconi por este proyecto, explicó que ya no
está en el rubro de la construcción, luego que Pawyc se declarara en quiebra
el año 1998. Sin embargo, opina que la responsabilidad en el colapso del
puente Loncomilla está en el MOP, que no tomó las medidas a tiempo de
reparación de la estructura, que habrían permitido salvar el puente, luego
que se detectara el asentamiento de una de sus bases.
Advierte que durante la etapa de reparaciones tampoco se
restringió el tránsito y opina que los camiones con sobrepeso pueden haber
causado los daños, que al final resultaron fatales. Menciona como prueba de
ello que el puente mecano que se instaló de emergencia sufrió la soltura de
pernos a los pocos días de colocarse en funcionamiento, pese a que tiene
capacidad para 40 toneladas.
Yaconi asegura que todos estos antecedentes ya los puso a
disposición de las entidades que están realizando las investigaciones que
corresponden, por lo que no tiene más que agregar.

Con balsas y puentes mecano Vialidad mitiga los efectos

En el lugar donde se cayó el puente Loncomilla sigue en
pie a un costado el "puente viejo", que había sido reemplazado al cumplir su
vida útil. La estructura es utilizada hoy por cientos de personas que lo
cruzan a pie, además de vehículos de emergencia. Por lo menos una docena de
ambulancias lo utiliza a diario.
A pocos metros se ubica una balsa, que tiene capacidad
para 80 toneladas, es decir, puede llevar un camión y dos automóviles al
mismo tiempo. Aunque se trata de un trayecto muy pequeño, la maniobra de
embarque y desembarque es lenta, lo que significa que los vehículos deben
esperar un mínimo de media hora y hasta tres horas, para utilizarla.
Una segunda balsa de esta misma capacidad está siendo
armada por el Ejército y antes de terminar el año debería estar en servicio.
El puente mecano requiere realizar un desvío de 9,5
kilómetros, hasta el pueblo de Villa Alegre, por lo que son pocos los
vehículos que están dispuestos a ese gasto de tiempo y de combustible.
Pese a estas facilidades, las pérdidas para la comunidad
de Maule, especialmente para los camioneros de Constitución, son cuantiosas,
y las estiman en varios millones de pesos diarios.
Actualmente la Dirección de Vialidad del MOP ya está
realizando sondajes en los extremos del puente colapsado para verificar la
calidad del suelo. En los próximos días se realizará un proceso de
adjudicación de una nueva estructura que no tendrá apoyos en el río, sino
que sólo se fundará en ambos extremos, es decir, será un puente
"atirantado". Su costo se estima en unos cuatro mil millones de pesos y su
ejecución tardará doce meses.
También realizan un estudio de "capacidad de carga" del
puente viejo, para evaluar la posibilidad de habilitarlo en forma permanente
para tránsito liviano.

Las razones de la caída


El puente Loncomilla se cayó al mismo tiempo que en Chile
se realizaba la Cumbre Apec 2004, por lo que una encuesta de la Fundación
Futuro mostró que para la población se trata de uno de los mayores
"bochornos" del año.
Sin embargo, fue más que un bochorno para una decena de
personas que cayeron al río esa noche del 18 de noviembre pasado, a las
22.35 horas. Se trató de cuatro vehículos, en que sus ocupantes salvaron
providencialmente sólo con algunas lesiones.
El caso está siendo investigado por el fiscal Oscar
Salgado del Ministerio Público, por las responsabilidades penales que
existan. Sin perjuicio de ello, también el Ministerio de Obras Públicas
realiza una investigación, al igual que una comisión especial de la Cámara
de Diputados, la misma en que Pablo Lorenzini acusó de corrupción al
ministro Etcheberry, sin que hasta ahora presente pruebas de sus dichos o se
retracte públicamente de ellos.
Para los camioneros de Constitución el colapso del puente
era algo que se podía prever, luego que desde fines del año 2002 notaran un
asentamiento en unos de sus costados y se lo hiciesen saber por escrito a
las autoridades.
Sólo en octubre de 2003 el MOP adjudica a la empresa Jorge
Erazo los trabajos de reparación del viauducto, luego que se constatara que
la estructura había bajado entre 8 y 10 centímetros en su cabezal poniente.
Las obras encargadas debían demorar cuatro meses y tendrían un costo de 420
millones de pesos. Sin embargo, la empresa solicita un aumento de plazo, que
se extiende hasta el 30 de junio de 2004, luego al 30 de septiembre y
finalmente al 8 de noviembre, sin que las obras se concreten, llegando al
colapso del puente.

*Publicado en Diario EL SUR. Domingo 26 de diciembre de 2004.