El primer proyecto de casino mostró sus cartas

Hay siete iniciativas para Gran Concepción

·La sociedad formada por Lotería de la U. de Concepción y la familia Martínez (casino Viña del Mar) formalizaron su propuesta.
·Proyecto de US$ 60 millones se localizaría en la comuna de Hualpén, en un predio ubicado entre las avenidas Costanera y Alessandri.

Por Nello Rolleri Veloso.

El primero de los siete proyectos de casinos que compiten por instalarse en el Gran Concepción mostró ayer sus cartas al formalizar su propuesta ante la Superintendencia de Casinos en Santiago.
Se trata del proyecto “Enjoy Concepción”, formado por la asociación entre la Universidad de Concepción a través de Lotería y la familia Martínez, la principal operadora de casinos de Chile, incluyendo los casinos de Viña del Mar, Pucón y Puerto Varas.
La presentación se realizó ayer en las oficinas de Lotería por parte del gerente general de esa empresa, Mariano Campos Ramírez, y el director de desarrollo de Enjoy, Javier Martínez Seguí.
La propuesta considera un casino de 38 mil metros cuadrados (más grande que el Casino de Viña del Mar, que tiene 30 mil m2), además de una torre de 22 pisos que albergará un hotel categoría cinco estrellas y 116 habitaciones, cuyo diseño fue encargado al Estudio Larraín.
Martínez destacó que se tratará de un “edificio hito, con un diseño original y único, que quiere dar cuenta de una nueva ciudad en desarrollo, abierta al futuro y a las nuevas tecnologías, al comercio y al progreso, y que quiere rescatar su relación con el entorno”.
Este proyecto se ubicaría en la comuna de Hualpén, cuyo municipio recibiría como impuesto el 10% de los ingresos del casino, mientras otro 10% se iría al Gobierno Regional. Se emplaza en un predio ubicado entre las avenidas Costanera y Alessandri, en el sector de la Laguna Price, a pocos metros de la Vega Monumental.
La inversión total, financiada en partes iguales por Lotería y la familia Martínez, bordearía los 60 millones de dólares.
También se destacó su impacto en el empleo, ya que el complejo turístico generaría cerca de 800 puestos directos, en su mayoría destinados a jóvenes en el área de servicios.

UdeC creará un nuevo CFT, museo, teatro y pinacoteca

Javier Martínez reiteró ayer que el principal “plus” del proyecto Enjoy lo dará la U. de Concepción, que dispondrá de los recursos para impulsar varios proyectos culturales, que durante años estuvieron postergados.
El primero es la creación de un nuevo centro de formación técnica (CFT) o instituto profesional destinado específicamente a la capacitación de unos 1.500 jóvenes para el sector turismo, los cuales podrán acceder a los puestos de trabajo del casino.
Sobre este punto el gerente de Lotería manifestó su entusiasmo porque el proyecto se transforme en un polo de desarrollo turístico, que permita aumentar los empleos del sector, en un área que está poco desarrollada en el Gran Concepción.
Además, Enjoy pretende desarrollar un museo que albergue las colecciones botánicas, zoológicas, mineralógicas, paleontológicas y antropológicas que están en las bodegas de la UdeC.
También el arte tendrá un espacio en cuatro salones de exposiciones, que permitirán mostrar aquí obras de la Casa del Arte.
Finalmente el complejo albergará un centro de espectáculos, con 500 butacas de capacidad, en el cual se podrán montar shows musicales, obras de teatro, danza y otras manifestaciones artísticas.

US$ 80 millones a comuna

El “premio” que recibirá la comuna que reciba el proyecto de casino será muy importante.
Javier Martínez calculó que en los 15 años de concesión deberían generarse el pago por el 20% de los ingresos cercanos a los 165 millones de dólares, de los cuales la mitad quedaría para el municipio y la otra para el gobierno regional.
Por ello que municipios pobres como Hualpén, Pinto (Termas de Chillán) o Cabrero (Salto del Laja) dispondrían de recursos que actualmente sólo están en los sueños de sus alcaldes.
Por esta razón es que las comunas más grandes, como Concepción, Talcahuano, Los Angeles, San Pedro de la Paz, tampoco han bajado los brazos y están a la espera que uno de los anuncios resulte un verdadero “tapado”, que gane la competencia.
El proceso, sin embargo, como se encargó de enfatizarlo el intendente Jaime Tohá, será absolutamente objetivo y transparente, con criterios muy estrictos establecidos por la Ley de Casinos, que le dio facultades extraordinarias a la Superintendencia para investigar la procedencia de los recursos que se inviertan, de modo de impedir delitos como el lavado de dinero.
Los resultados de esta competencia, sin embargo, no se conocerán sino hasta mediados del año 2006, cuando ya haya asumido el próximo gobierno.

Españoles siguen adelante

Un segundo proyecto para el Gran Concepción que entregó información ayer fue el formado por la sociedad entre Ferbio y los españoles de Cirsa, cuyo director Helios Navarro Cruz se reunió con el presidente de la corporación Ferbio, Pedro Díaz López.
Navarro expresó que los primeros días de la próxima semana formalizarán su proyecto ante la Superintendencia, por lo que se excusó de dar a conocer la maqueta de su propuesta, que también se ubicará en la comuna de Hualpén, a un costado del centro de eventos SurActivo.
Este proyecto se desarrollará en un terreno de 2,1 hectáreas, con una inversión cercana a los 50 millones de dólares. Incluirá un hotel de cuatro estrellas de la cadena Radisson, además de un gimnasio de la cadena Balthus.
El concepto principal de este proyecto de casino es reforzar el turismo de convenciones y negocios que se desarrolla en SurActivo. Prevén que los empleos alcanzarán a los 800 puestos.
El grupo hispano Cirsa está postulando a siete ubicaciones en Chile, de los cuales se aseguró que el proyecto para el Gran Concepción es el más importante.
Helios Navarro aseguró que se sienten “cómodos” con las reglas que ha establecido la Superintendencia de Casinos de Juegos, por lo que esperan que los permisos sean otorgados efectivamente a los mejores proyectos.

Plazo: 4 de agosto

El próximo jueves 4 de agosto vence el plazo para que los interesados formalicen sus proyectos ante la Superintendencia de Casinos de Juegos. En la Región del Biobío se presentaron diez anuncios, que son los siguientes:
En la comuna de Concepción son tres: Thunderbird Concepción S.A., Hamburg Holding Concepción S.A., y Casino Borde Río de Concepción S.A. En San Pedro de la Paz uno: Gran Casino de San Pedro de la Paz S.A. En Hualpén dos: Operaciones Casino del Sur S.A. (Enjoy) y Cirsa Casino del Bío Bío S.A. En Talcahuano uno: Marina del Sol S.A.
En Pinto: Casino Termas de Chillán S.A. En Los Angeles: Casino Gran Los Angeles S.A. y en Cabrero: Casino de Juegos del Salto del Laja S.A.
La ley de casinos establece que podrán otorgarse un máximo de tres permisos por región (excepto la Metropolitana). Añade que los casinos deben estar separados por un mínimo de 70 kilómetros viales, eso significa, que de los siete proyectos para el Gran Concepción sólo puede ser seleccionado uno.

*28 de julio de 2005.

"Consumidores debemos reclamar más"

Presidente de Odecu en Concepción

·La pasividad ante los cobros abusivos de las grandes empresas es algo que debe terminar, opina Stefan Larenas.

·Dice que hay varios factores que perjudican al consumidor, pero lo que es peor es que en algunos temas ni siquiera se cumple lo que dice la ley.


Por Nello Rolleri Veloso.

En Estados Unidos y Europa son temidas y respetadas. En Chile, son prácticamente desconocidas. Se trata de la agrupaciones de consumidores, que representan a los ciudadanos en su papel de compradores de bienes y servicios, para defender sus derechos en forma colectiva.
En nuestro país existe la Organización de Usuarios y Consumidores (Odecu), cuyo director es Stefan Larenas Riobó, quien estuvo en Concepción, donde participó en una actividad organizada por la Conama.
Para Stefan Larenas es indispensable que la gente tome conciencia de su propia importancia para las grandes empresas, ya que su conducta de consumo es la que significa que algunos negocios prosperen, mientras otros simplemente desaparecen.
Opina que en nuestro país el tema todavía está en pañales, aunque advierte una mayor conciencia de los jóvenes. Consultado por las mayores deficiencias para los consumidores, indica que los grandes problemas son básicamente dos: agua y teléfonos.
En el primero señala que lo más grave es la poca transparencia respecto a cómo se fijan los cobros de agua, el por qué en algunas ciudades el agua es mucho más cara que en otras, y la justificación de los cobros por "tratamiento de aguas servidas".
Larenas señala que nadie puede desconocer que las empresas sanitarias deben recuperar su inversión, la pregunta qué se hace es ¿cuántas veces se deberá pagar la planta de tratamiento?.
En el tema telefonía indica que la situación es peor, ya que la Subsecretaría de Telecomunciaciones mantiene una nula relación con la Odecu. Afirma que nadie les entrega una explicación por las miles de denuncias de cobros abusivos, llamadas "brujas" o "pinchazos" a líneas de teléfonos.
Lo que es peor, afirma, es que ni siquiera se cumple lo que dice la ley. Menciona el caso de la obligatoriedad de instalar "medidores" del consumo telefónico, lo que hasta ahora no ocurre.

La nueva ley es más eficiente

El director regional del Sernac, José Luis Guarderas, reconoce que la mayor parte de la gente que acude hasta las oficinas de la entidad, ubicadas en Concepción en la galería Alessandri, lo hace para reclamar por cobros que estima abusivos en las cuentas de servicios básicos y de las casas comerciales o bancos.
Añade que para este tema la nueva Ley del Consumidor, promulgada a principios de año, otorga más garantías a la población, ya que se eliminó la "letra chica" y debe existir más transparencia respecto a estos contratos.
En forma adicional, la nueva ley permitirá que un fallo judicial tenga aplicación para todos los usuarios que se encuentren en la misma situación, lo que significa una fuerte advertencia para las grandes empresas de servicios.
Guarderas señala que todavía el Sernac no ha iniciado ninguna acción judicial en el país con estas características, sin embargo, hay varios casos en estudio por parte del departamento jurídico de la entidad.
En particular, respecto a los cobros de servicios sanitarios, señaló que existe una política de país destinada a tratar las aguas servidas, lo que tiene gran importancia para nuestro sector exportador, especiamente de alimentos.
Reconoció que existe mucha gente que el cobro por "tratamiento de aguas servidas" le puede resultar una gran incógnita, sin embargo, señaló que es necesario que la población tome conciencia de las millonarias inversiones que se han realizado en la zona en este ámbito.
En materia de cobros telefónicos, indicó que los usuarios al momento de contratar pueden escoger si aceptarán o no que sus aparatos puedan realizar llamadas a números con cobro adicional, como los números 600 ó 700. Por esta razón, apeló a la responsabilidad de los jefes de hogar para controlar el mal uso de sus teléfonos.

*27 de agosto de 2004.

Sanitarias enfrentan aguas agitadas

·Una inédita multa de mil millones de pesos, más la amenaza de caducar la concesión, remecen a empresa sanitaria local.

·Situación entrega argumentos a quienes se oponían a privatización, porque aumentarían tarifas y no se mejoraría el servicio.

Por Nello Rolleri Veloso.

Una agitada semana enfrentan las empresas sanitarias en Chile, luego que el propio Presidente de la República hiciera pública su molestia con los inversionistas españoles de Aguas Andinas por las fallas en la planta de tratamiento de aguas servidas de La Farfana, y que la segunda compañía, Essbío, de capitales británicos, fuera multada con la inédita suma de mil 23 millones de pesos, por incumplimiento de sus compromisos de inversión.
Las malas relaciones de Essbío con la autoridad no son nuevas. Muestra de ello es que la principal planta de tratamientos de aguas servidas de la Octava Región, ubicada cerca de la desembocadura del río Biobío, en el sector industrial de Talcahuano, que costó 45 millones de dólares, nunca ha sido inaugurada oficialmente, aunque comenzó a operar a fines del año pasado.
Esta semana Essbío nombró a un nuevo presidente, Edmundo Dupré Echeverría, quien había sido vicepresidente de Esval, y para los próximos días se esperan nuevos cambios, lo que incluiría a seis altos ejecutivos.
En la empresa ayer se mantuvo el hermetismo, por razones de "política interna", aunque no se oculta la sorpresa por la millonaria sanción recibida. Su reacción pública fue la publicación de un aviso en que destaca las inversiones que ya ha realizado: siete plantas de agua potable; 13 nuevas plantas de tratamiento de aguas servidas; 120 kilómetros de nuevas redes de agua potable y alcantarillado; 61 sistemas y estanques; además de la remodelación de siete oficinas y habilitación de dos oficinas móviles.
Reconocen que "aún queda trabajo por hacer", para lo cual tienen obras en etapa de desarrollo como nuevas plantas de tratamiento de aguas servidas para Arauco, San Carlos, Mulchén, Nacimiento, Yumbel, Coihueco, Bulnes y Curanilahue. Además de nuevas plantas de agua potable para Lota y Mulchén.
Entre las que "seguiremos haciendo" en el futuro, mencionan los sistemas de tratamiento de aguas servidas para San Pedro de la Paz, Florida, Coronel Norte, Coronel Sur, Carampangue, Coelemu, Dichato, Lebu y San Pedro de la Paz.

Voces contra privatización

La privatización de Essbío, que se adjudicó el 2000 la británica Thames Water, la realizó el gobierno pese a los fuertes cuestionamientos que se realizaron en la región a ese proceso, que entre otros lideró Edgardo Condeza Vaccaro. Ahora, cuatro años después, Condeza indica que la realidad le dio la razón a sus críticas, porque los privados no han sido capaces de cumplir con todas las obras a que se comprometieron, sin embargo, han subido las tarifas y el servicio no ha tenido mejoras significativas. También el diputado Alejandro Navarro ha planteado que, al igual que en el caso Aguas Andinas, los usuarios regionales tampoco estarían obligados a pagar por tratatamientos de aguas servidas no realizados.

*27 de octubre de 2004.

Puente Loncomilla: el colapso que remeció al MOP

El bochorno del año 2004
·Comunidad del Maule todavía sufre los efectos de la
carencia de un viaducto que da continuidad a la ruta entre San Javier y
Constitución.
·Ministro Etcheberry asegura que están realizando los
mayores esfuerzos para mantener la continuidad de la ruta.


Por Nello Rolleri Veloso.

El sol cae implacable sobre San Javier. La temperatura
supera los 30 grados, cuando apenas comienza el verano. El puente Loncomilla
"nuevo" está destrozado sobre el río, quebrado en varios trozos, con grandes
vigas de acero dobladas, y parece que un terromoto hubiese azotado esta
parte de la Región del Maule.
Doña María Rosa, sin embargo, ya no mira el puente. Lo que
le preocupa es espantar la moscas y ofrecer su mote con huesillos "heladito"
a los sudorosos pasajeros que deben cruzar a pie el puente Loncomilla
"viejo", mientras hacen trasbordo de buses que los dejan en una orilla y los
esperan en otra.
Explica que en la zona no hay trabajo: "está muy mala la
cosa y ahora sin el puente, peor". Dice que han venido varios ministros a
verlo y hasta el diputado Pablo Lorenzini, ese que le echó la culpa al
ministro Etcheberry, pero el problema sigue igual.
Por mientras, ella se ha instalado en una de las orillas
con algunos cajones y quitasoles y ofrece además del mote con huesillos, pan
amasado y empanadas.
Una de las que cruza el puente viejo, de 300 metros de
largo, es Irma Uribe, que lo hace acompañada de su amiga Zunilda González.
Mientras se seca el sudor de la frente afirma que "esto es un suplicio",
porque a diario debe viajar desde Niribilo hasta San Javier y Talca, para
mantener su negocio. Sin embargo, por la muleta que debe utilizar y ahora
por el puente cortado, cada día se le hace un trayecto más difícil.
Le pregunto por qué los buses que hacen el recorrido
Constitución-San Javier no utilizan la balsa o el puente mecano que está a
9,5 kilómetros aguas abajo. Me explica que los choferes dicen que pierden
mucho tiempo en esos cruces, por lo que prefieren utilizar el sistema de
trasbordos.
Doña Irma añade que, pese a ello, un viaje que antes
realizaban en 30 minutos, ahora se demora una hora o más. Pero dice que "hay
que resignarse, no más", porque construir un nuevo puente tardará por lo
menos un año, "tal vez el 2006 estará listo, pero eso no se sabe".

Diseño tenía cuatro bases pero se redujeron a dos

En su informe a la Cámara de Diputados el ministro Javier
Etcheberry señala que el puente sobre el río Loncomilla se adjudicó el año
1994 a la empresa "Pawyc" -propiedad del conocido empresario penquista y
dirigente de la DC, Ricardo Yaconi Pieger- por un monto de 619 millones de
pesos, lo que era inferior al presupuesto estimado por el ministerio, de 635
millones de pesos.
El diseño original del MOP contemplaba que el puente de
300 metros de largo tendría cuatro bases de hormigón, sin embargo, Pawyc
propone construir sólo dos bases, además de dos "tornapuntas" o estructuras
triangulares de soporte, para abaratar los costos, lo que fue aceptado por
el ministerio, según su reglamentación interna.
Consultado Yaconi por este proyecto, explicó que ya no
está en el rubro de la construcción, luego que Pawyc se declarara en quiebra
el año 1998. Sin embargo, opina que la responsabilidad en el colapso del
puente Loncomilla está en el MOP, que no tomó las medidas a tiempo de
reparación de la estructura, que habrían permitido salvar el puente, luego
que se detectara el asentamiento de una de sus bases.
Advierte que durante la etapa de reparaciones tampoco se
restringió el tránsito y opina que los camiones con sobrepeso pueden haber
causado los daños, que al final resultaron fatales. Menciona como prueba de
ello que el puente mecano que se instaló de emergencia sufrió la soltura de
pernos a los pocos días de colocarse en funcionamiento, pese a que tiene
capacidad para 40 toneladas.
Yaconi asegura que todos estos antecedentes ya los puso a
disposición de las entidades que están realizando las investigaciones que
corresponden, por lo que no tiene más que agregar.

Con balsas y puentes mecano Vialidad mitiga los efectos

En el lugar donde se cayó el puente Loncomilla sigue en
pie a un costado el "puente viejo", que había sido reemplazado al cumplir su
vida útil. La estructura es utilizada hoy por cientos de personas que lo
cruzan a pie, además de vehículos de emergencia. Por lo menos una docena de
ambulancias lo utiliza a diario.
A pocos metros se ubica una balsa, que tiene capacidad
para 80 toneladas, es decir, puede llevar un camión y dos automóviles al
mismo tiempo. Aunque se trata de un trayecto muy pequeño, la maniobra de
embarque y desembarque es lenta, lo que significa que los vehículos deben
esperar un mínimo de media hora y hasta tres horas, para utilizarla.
Una segunda balsa de esta misma capacidad está siendo
armada por el Ejército y antes de terminar el año debería estar en servicio.
El puente mecano requiere realizar un desvío de 9,5
kilómetros, hasta el pueblo de Villa Alegre, por lo que son pocos los
vehículos que están dispuestos a ese gasto de tiempo y de combustible.
Pese a estas facilidades, las pérdidas para la comunidad
de Maule, especialmente para los camioneros de Constitución, son cuantiosas,
y las estiman en varios millones de pesos diarios.
Actualmente la Dirección de Vialidad del MOP ya está
realizando sondajes en los extremos del puente colapsado para verificar la
calidad del suelo. En los próximos días se realizará un proceso de
adjudicación de una nueva estructura que no tendrá apoyos en el río, sino
que sólo se fundará en ambos extremos, es decir, será un puente
"atirantado". Su costo se estima en unos cuatro mil millones de pesos y su
ejecución tardará doce meses.
También realizan un estudio de "capacidad de carga" del
puente viejo, para evaluar la posibilidad de habilitarlo en forma permanente
para tránsito liviano.

Las razones de la caída

El puente Loncomilla se cayó al mismo tiempo que en Chile
se realizaba la Cumbre Apec 2004, por lo que una encuesta de la Fundación
Futuro mostró que para la población se trata de uno de los mayores
"bochornos" del año.
Sin embargo, fue más que un bochorno para una decena de
personas que cayeron al río esa noche del 18 de noviembre pasado, a las
22.35 horas. Se trató de cuatro vehículos, en que sus ocupantes salvaron
providencialmente sólo con algunas lesiones.
El caso está siendo investigado por el fiscal Oscar
Salgado del Ministerio Público, por las responsabilidades penales que
existan. Sin perjuicio de ello, también el Ministerio de Obras Públicas
realiza una investigación, al igual que una comisión especial de la Cámara
de Diputados, la misma en que Pablo Lorenzini acusó de corrupción al
ministro Etcheberry, sin que hasta ahora presente pruebas de sus dichos o se
retracte públicamente de ellos.
Para los camioneros de Constitución el colapso del puente
era algo que se podía prever, luego que desde fines del año 2002 notaran un
asentamiento en unos de sus costados y se lo hiciesen saber por escrito a
las autoridades.
Sólo en octubre de 2003 el MOP adjudica a la empresa Jorge
Erazo los trabajos de reparación del viauducto, luego que se constatara que
la estructura había bajado entre 8 y 10 centímetros en su cabezal poniente.
Las obras encargadas debían demorar cuatro meses y tendrían un costo de 420
millones de pesos. Sin embargo, la empresa solicita un aumento de plazo, que
se extiende hasta el 30 de junio de 2004, luego al 30 de septiembre y
finalmente al 8 de noviembre, sin que las obras se concreten, llegando al
colapso del puente.

*Publicado en Diario EL SUR. Domingo 26 de diciembre de 2004.