Una selección de notas que escribí para el diario EL SUR y que fueron publicadas antes de agosto de 2005.

Saturday, September 24, 2005

Hoyos en las calles vuelven a estar en polémica

Nueva ley quita responsabilidad al Serviu

·Algunos alcaldes discrepan de nueva ley que asignó pavimentos de aceras y calzadas a los gobiernos regionales.
·El Serviu desde hace tres años que no dispone de recursos para reparar las calles, reconoce el seremi de Vivienda y Urbanismo.

Por Nello Rolleri Veloso

Grietas en la Alameda. Las noticias de pequeñas imperfecciones en la carpeta de rodado de la avenida Bernardo O`Higgins en Santiago, cuyas imágenes han difundido extensamente los noticieros de televisión en los últimos días, han sido un verdadero chiste para la otra mitad de los chilenos, que no viven en la Región Metropolitana, y que a diario deben lidiar con verdaderos cráteres y socavones en las calles de sus comunas de regiones.
En el Gran Concepción basta con transitar por las vías principales de Talcahuano, Penco y Coronel, para comprobar el pésimo estado de pavimentos que han cumplido hace años su vida útil, sin contar los miles de kilómetros de calles de tierra, que nunca han tenido un mejoramiento.
En el caso del centro de Concepción se suma, además, el viejo problema del mal estado de las veredas, que son usadas por cientos de miles de personas que llegan desde toda la región. Las caídas, tropiezos y accidentes de peatones han significado juicios y millonarias indemnizaciones para el municipio, sin que hasta ahora se avance sustantivamente en mejorar el problema.
La situación que se produce todos los años después de las lluvias, en que los alcaldes reclaman por los hoyos que se forman después de las inundaciones, tampoco era algo nuevo, hasta que el senador DC Hosain Sabag Castillo advirtió la semana pasada que la nueva ley 20.035, que modifica la ley 19.175, sobre Gobiernos Regionales, significa un cambio en el tema.
Sabag exclamó que "¡está bueno que los alcaldes se dejen de quejar del problema de los hoyos!" y los emplazó a asumir su responsabilidad.

Serviu ya no financiará

Lo que establece la nueva ley es una nueva obligación para los gobiernos regionales, mediante la incorporación en el artículo 16 de la letra J, que establece que les corresponderá "construir, reponer, conservar y administrar en las áreas urbanas las obras de pavimentación de aceras y calzadas, con cargo a los fondos que al efecto les asigne la Ley de Presupuestos. Para el cumplimiento de esta función, el gobierno regional podrá celebrar convenios con las municipalidades y con otros organismos del Estado".
Para explicar esto, el senador Hosain Sabag señaló que el Serviu pasará a cumplir una función similar a la que cumple la Dirección de Arquitectura del MOP, que elabora y revisa los proyectos, pero que no los ejecuta directamente.
Sabag lamentó que los alcaldes no asuman esta responsabilidad de mantener en buen estado las aceras y calzadas, porque aseguró deben disponer de parte del presupuesto municipal para financiar los estudios o directamente las obras.
El senador también apeló a la necesidad de gestionar los recursos y opinó que parte del trabajo de los alcaldes debe ser aunar los esfuerzos del sector público y privado para encontrar el financiamiento a este tipo de obras, que benefician a todos.

El Serviu

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Aldo Ramaciotti Fracchia, explica que hace tres años que el Serviu no disponía de recursos en la Región del Biobío para mantención o mejoramiento de pavimentos, de lo que se denomina la "vialidad intermedia".
Por esta razón, opinó, lo que la nueva ley hace es consagrar lo que en la práctica ya estaba realizando el gobierno, es decir, canalizar estos recursos en forma descentralizada a través de los gobiernos regionales.
El Serviu, señaló, mantendrá su función como organismo técnico cuando así lo requieran los municipios o gobiernos regionales. Además mantendrá sus programas tradicionales como los pavimentos participativos, que este año invertirán 6 mil millones en la región.

Biovías

La mayor inversión en pavimentos urbanos en el Gran Concepción, curiosamente, no la está realizando en la actualidad ni el Serviu ni el gobierno regional ni los municipios, sino una filial de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, que es el programa Biovías.
En efecto, Biovías esta mejorando dos ejes principales de Concepción: Paicaví y el par vial Prat-Padre Hurtado. Además en San Pedro de la Paz el eje Pedro Aguirre Cerda y en Chiguayante el eje Manuel Rodríguez.
Estos proyectos significan varias decenas de kilómetros de calzadas y aceras peatonales, que la ciudad debería haber esperado muchos años para ejecutarlos como mejoramientos individuales.

Alcaldes dicen que lo importante es que se asignen los recursos

·En el Gran Concepción, sin distinción política, todos los jefes comunales coinciden en que el problema es grave y requiere más financiamiento del Estado.

Los alcaldes del Gran Concepción coinciden en que, sin perjuicio de quien asume la responsabilidad, si el Serviu o los gobiernos regionales, el problema de deterioro de los pavimentos urbanos es grave y requiere con urgencia un mayor financiamiento del Estado.
La alcaldesa Jacqueline van Rysselberghe indica que la modificación legal requiere todavía un decreto para que el Serviu se desligue de esta responsabilidad, por lo que espera que "no se laven las manos todavía". Sin embargo, opinó que el problema de fondo son los muy escasos recursos que se les asignan, ya sea directamente a los municipios o a los gobiernos regionales, para la mantención de pavimentos de toda la ciudad.
En el caso de Concepción, indicó que es muy bueno lo que se está haciendo con Prat y Paicaví, sin embargo, advirtió que hay muchas otras calles en un estado calamitoso. Por ello, señaló que se dedicará a elaborar proyectos para repavimentar calles como O`Higgins, Lautaro, Ongolmo, Maipú y Freire, "para que, por lo menos, no digan que no nos dan recursos porque no hay proyectos".
En Chiguayante el alcalde Tomás Solís opinó que es bueno el cambio legal, pero preferiría una mayor descentralización, es decir, que los recursos se asignaran directamente a los municipios, que aseguró, son los que mejor conocen las necesidades de la comunidad local.
En Hualpén el alcalde Marcelo Rivera valoró la reciente asignación de $ 977 millones que hizo el gobierno regional para pavimentar cinco calles de la nueva comuna. También aplaudió que sea el gobierno regional el que asuma esa responsabilidad, porque está más cerca de las comunas.
En Penco el alcalde Guillermo Cáceres coincidió en que el punto principal es que el Ejecutivo asigne los recursos para pavimentos urbanos, porque indicó que las demandas de la comunidad son muy numerosas. En su comuna, agregó, el deterioro es más grave por el intenso flujo de camiones por el centro.

"Gobierno hace esfuerzos importantes"

Raúl Súnico Galdámez, jefe de la Unidad de Control del Gobierno Regional, opina que en este tema, "al igual que en toda actividad humana, las necesidades son siempre mayores que los recursos disponibles", por lo que siempre habrá más hoyos que tapar en las calles que dineros públicos para repararlos.
Explica que este año el Gobierno Regional recibió una provisión de recursos por $1.700 millones para pavimentos, sin embargo, decidió realizar una reasignación de otros ítem y aumentar este monto a $6.389 millones para diversos proyectos urbanos que fueron dados a conocer la semana pasada.
Súnico aseguró que todos los proyectos con recomendación técnica que presenten las municipalidades van a ser aprobados y se les asignarán los recursos, sin embargo, advirtió que no es posible pensar en resolver todos los problemas de la ciudad en un corto plazo.
También opinó que con la modificación legal que margina al Serviu de esta función, lo razonable es que los municipios y los gobiernos regionales asuman en forma compartida esta responsabilidad.
El cambio, señaló, está dentro de la política de regionalización y descentralización que ha impulsado el gobierno del Presidente Lagos, lo que significa entregarles más facultades a los gobiernos regionales, que están más cerca de las comunidades directamente afectadas.

*21 de julio de 2005.

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